Por: Teporaca Romero del Hierro
México se ha convertido en el país donde se practican más cesáreas en el mundo, sin necesidad en muchos de los casos, también la nación con más baja lactancia materna en América Latina. En países desarrollados, los partos naturales y la lactancia recobran fuerza, México camina en sentido contrario, en el año 2000 se registró un porcentaje de 29.9 nacimientos por cesárea en mujeres de entre 20 y 49 años de edad, en 2012 este porcentaje se incrementó a 45.2%. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, "no existe justificación para que el porcentaje de cesáreas en un país sea superior a 15% del total".

La violencia obstétrica es una manifestación oculta de la desigualdad de género, la cual se presenta de forma sistemática e invisible, trata de violaciones graves a los derechos humanos y reproductivos de la mujer, que al igual que la muerte materna, afectan particularmente a las mujeres que viven en condiciones de marginación y pobreza e indígenas. Por estas razones, en mi calidad de diputada local presenté ante el H. Congreso del Estado, iniciativa con carácter de Decreto, mediante la cual pretende adicionar una fracción VI al artículo 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a vivir una Vida Libre de Violencia.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en 2012 se registraron en Chihuahua 69 mil 735 nacimientos, cada uno de ellos representado por igual número de mujeres que durante meses vivieron un proceso de atención médica y hospitalaria, a fin de dar seguimiento a su embarazo, parto y puerperio (periodo de 40 días posteriores al alumbramiento). Sin importar el nivel educativo, socio económico, político, cultural, edad y/o religión, todas las mujeres sin excepción, en proceso de embarazo y parto, se encuentran en un estado vulnerable, se requiere de atención médica de calidad a fin de asegurar los mejores resultados para la madre, como para el producto.

Cabe destacar que el embarazo y el parto son un proceso natural que no debe considerarse como una enfermedad. La mujer embarazada sufre cambios físicos, emocionales y hormonales intensos, aunado al hecho de que durante el parto, es imposible que mujer alguna se encuentre en un estado de solidez emocional o empoderamiento alguno. Lamentablemente en México como en otros países, es frecuente que en el proceso del embarazo y el parto, las mujeres se vean sometidas a malos tratos por parte del personal de salud que, en ocasiones, realiza actos u omisiones que agreden a las mujeres embarazadas y en parto, tales como: negar atención oportuna, hacer comentarios ofensivos, mostrar insensibilidad ante el proceso o el dolor, omitir proporcionar información veraz y oportuna, tomar decisiones por la paciente, realizar cesáreas innecesarias, hacer bromas o burlarse de la paciente, negar información a los familiares, realizar medicación excesiva o intervenciones físicas innecesarias, entre otras acciones y omisiones que violentan el estado de gravidez y parto de las mujeres.

No generalizamos, ni en todos los hospitales públicos o privados, ni todo el personal de salud despliega este tipo de prácticas; conocemos a muchas mujeres agradecidas con el trato recibido, satisfechas de la atención médica obtenida durante su embarazo, parto y puerperio, con experiencias enriquecedoras. Lamentablemente no todo personal de salud actúa con la probidad y profesionalismo esperado.

Por poner un ejemplo: México se ha convertido en el país donde se practican más cesáreas en el mundo, sin necesidad en muchos de los casos, también la nación con más baja lactancia materna en América Latina. En países desarrollados, los partos naturales y la lactancia recobran fuerza, México camina en sentido contrario, en el año 2000 se registró un porcentaje de 29.9 nacimientos por cesárea en mujeres de entre 20 y 49 años de edad, en 2012 este porcentaje se incrementó a 45.2%. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, "no existe justificación para que el porcentaje de cesáreas en un país sea superior a 15% del total".

Otro ejemplo lo constituye que sólo en diciembre del 2013, circularon en las redes sociales las crudas imágenes de dos mujeres que se vieron obligadas a parir en las afueras de diversos hospitales públicos del país, al habérseles negado la atención requerida.

Nos obstante que la violencia obstétrica ha acompañado a las mujeres históricamente, hasta hace unos años se ha venido denunciando y poniendo de manifiesto las severas consecuencias que padecen las mujeres, derivado de dichos maltratos, tales como temor a volver a embarazarse, depresión postparto e incluso, en casos más graves, negarse a amamantar al producto o manifestarle algún rechazo. Incluso si te impiden el contacto físico inmediato con tu bebé antes de que se lo lleve el neonatólogo, se considera violencia obstétrica.

Por otra parte, la práctica médica nunca se reconoce culpable de problemas causados a las mujeres; aunque es sabido que en numerosos casos, las complicaciones que sufren las mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio, son consecuencia de intervenciones, tratamientos no necesarios, omisiones o diagnósticos incorrectos o agresivos.

Es frecuente que el conocimiento propio del personal médico, le haga sentir que naturalmente está por encima de la paciente, lo que con frecuencia se traduce en actitudes groseras, burlonas y con connotaciones a la vida sexual de la paciente, situaciones que se agravan particularmente durante el embarazo, particularmente durante el parto, porque las mujeres se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad. Tod@s conocemos historias de mujeres que han sido maltratadas durante el proceso del parto y puerperio. Frente a esta realidad, en los últimos años se ha tomado fuerza a nivel mundial el concepto de "parto humanizado", un modelo que tiene como objetivo que las mujeres vivan esta experiencia como un momento placentero, donde la mujer sea sujeto y protagonista del parto.

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, "Atención De La Mujer Durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido", establece criterios y procedimientos para la prestación del servicio, partiendo del reconocimiento de que: "(...) procedimientos frecuentemente usados para afrontar el parto, por señalar sólo algunos ejemplos, la inducción del mismo con oxitocina o la ruptura artificial de las membranas amnióticas, han sido revalorados en vista de que no aportan beneficios y sí contribuyen a aumentar la morbilidad y mortalidad materno-infantil, por lo que su uso debe quedar limitado a ciertos casos muy seleccionados. Otros como la anestesia utilizada indiscriminadamente en la atención del parto normal, efectuar altas proporciones de cesáreas en una misma unidad de salud o realizar sistemáticamente la revisión de la cavidad uterina postparto, implican riesgos adicionales y su uso debe efectuarse en casos cuidadosamente seleccionados. Algunos de estos procedimientos aún persisten como parte de las rutinas en la atención del parto, por lo que deben modificarse en las instituciones. No se trata de limitar el quehacer de los profesionistas, sino que a partir del establecimiento de lineamientos básicos se contribuya a reducir los riesgos que pudieran asociarse a las intervenciones de salud".

Se hace indispensable entonces que se legisle al respecto y se reconozca que la violencia contra las mujeres además de ser física, sexual, psicológica, patrimonial y económica, puede ser, obstétrica. Todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres constituyen en sí mismas, violaciones a los derechos humanos; así lo ha reconocido México al firmar y ratificar tratados y convenciones internacionales en la materia, las que rigen el actuar del gobierno para la toma de medidas tendientes a erradicar la violencia y la discriminación contra las mexicanas; tal es el caso de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención De Belem Do Pará), en las que México se comprometió a "adoptar medidas que eliminen la discriminación en contra la mujer", además de recomendar que "los servicios de atención médica garanticen el libre acceso a servicios relacionados durante el embarazo, parto y puerperio, además de contar con servicios de maternidad gratuitos y sin riesgo, los cuales también deben de ser libres de discriminación racial y edad".

Es necesario que el Poder Legislativo de Chihuahua asuma dichos compromisos legislando al respecto, reconociendo que México es un país democrático, que no puede quedarse atrás en estos temas; menos aún en una entidad como la nuestra, que históricamente ha dado muestras de vanguardia legislativa asumiendo antes que otros estados, el compromiso de legislar sobre temas reproductivos y en favor de los derechos de las mujeres. En el caso que nos ocupa, sólo cuatro entidades de la República han legislado al respecto, Veracruz, Oaxaca, Durango y Guanajuato.

Garanticemos el respeto de los derechos humanos a las mujeres, proveyendo un marco normativo más amplio, que vigile la atención médica de calidad, cuidando en todo momento los derechos reproductivos de las mujeres. No más decisiones unilaterales por parte del personal médico y sin preguntar a la madre, para practicar maniobras desaconsejadas como la episiotomía sin anestesia (corte perianal para ampliar el canal vaginal), Maniobra de Hamilton (desprender del cuello uterino las membranas que rodean al bebé usando los dedos) o la Maniobra de Kristeller (empujar al bebé dentro del vientre para sacarlo). Como dice un blog, que registra miles y miles de seguidores en todo el mundo: Basta, no permitas frases como "cállate p… Y puja". Sumemos voces.