De acuerdo al documento "Diagnóstico del Secuestro en México", elaborador por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Chihuahua ocupa el séptimo lugar en la estadística delictiva del secuestro; el Distrito Federal y el Estado de México ocupan el primer y segundo sitio respectivamente.

La información que se difundió señala que el delito de secuestro se concentra básicamente en siete estados de la república, entre ellos Chihuahua.

En primer lugar está el Distrito Federal, seguido del Estado de México, Baja California, y en menor medida Michoacán, Guerrero, Tabasco y Chihuahua.

Hasta el mes de septiembre, las autoridades contabilizan 141 secuestros en el DF, cifra que corresponde al 21.6 por ciento del índice a nivel nacional.

En el Estado de México se han denunciado 122 plagios durante los primeros nueve meses del año, superando los 102 casos reportados en 2007.

Baja California escaló posiciones entre las entidades con mayor incidencia debido a que este año registró un incremento del 222 por ciento en las denuncias de secuestro.

Según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contenidas en su informe "Diagnóstico del Secuestro en México", el estado fronterizo pasó de 32 plagios denunciados en 2007 a 103 casos a septiembre de este año.

En Michoacán y Guerrero se han registrado 39 y 38 plagios, respectivamente, aunque las cifras del estado gobernado por Leonel Godoy datan de junio.

A las cinco principales entidades les siguen Tabasco, con 26 casos; Chihuahua, con 23; Tamaulipas, con 20; Aguascalientes, con 14; Nuevo León, con 13, e Hidalgo y Morelos, con 12 y 11 plagios, respectivamente.

En 16 estados existe una incidencia que va de los 10 a los dos secuestros e inclusive Campeche, Durango y Yucatán no reportan ningún caso oficial durante el año.

La nueva apuesta del Consejo Nacional de Seguridad Pública para combatir el secuestro en el País es que las 32 entidades tengan una unidad especializada, para lo cual se destinaron 11.5 millones de pesos para el equipamiento de cada una.

Aunque 16 entidades tienen ya grupos antiplagio, la intención es que todas operen bajo los estándares de la Estrategia Nacional e Integral contra el Secuestro, apoyadas en una plataforma tecnológica y de informática, y una homologación de la legislación penal.