El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para establecer salarios máximos a los funcionarios y evitar que alguno tenga ingresos mayores a los del Presidente de la República.

En el marco de la sesión ordinaria en San Lázaro se aprobó con 365 votos en favor, uno en contra y dos abstenciones la reforma a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales.

De esa manera se regularán los salarios de ministros de la Corte, magistrados electorales, consejeros del IFE y titulares de organismos autónomos, entre ellos INEGI, CNDH, Banxico, Pemex, CFE, LyFC y organismos financieros.

El diputado Ramón Almonte Borja, del PRD, fue el único que votó en contra de la reforma que también incluye regular las percepciones de gobernadores y alcaldes, quienes actualmente en algunos casos tienen salarios y compensaciones de hasta 400 mil pesos mensuales.

La reforma aprobada que será regresada al Senado por las modificaciones que se le realizaron incluye la obligación de las dependencias de transparentar los tabuladores y remuneraciones de los servidores públicos, y se establecerán en los proyectos de presupuesto de las respectivas entidades y poderes.

En tribuna el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Raymundo Cárdenas, dijo que la reforma incluye a todos los funcionarios del gabinete presidencial, de los gobiernos estatales y municipales y organismos autónomos, "con lo que se responde a un reclamo de la sociedad para evitar los excesos".

La reforma al Artículo 123 fracción cuarta asienta que los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 127 de la carta magna y en la ley, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos.

Eso significa que las percepciones nominales de los miembros del Poder Judicial señaladas en los presupuestos vigentes y que sean superiores al monto máximo previsto en la reforma se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.