El presidente se salió con la suya, y por encima de lo que se legisló en el Congreso y lo que dice la Constitución, ya puso en marcha la Guardia Nacional Militar que quería. Sus integrantes son militares y su mando es militar. No hay más.

Al presidente no le importó lo que dijeron los expertos en la consulta realizada por el Congreso, los congresistas de la oposición y tampoco lo planteado por los organismos internacionales. En esta ocasión, hay otras, se puso en evidencia su autoritarismo.

El presidente y su gobierno se habían comprometido a poner a un civil a la cabeza de la Guardia Nacional y que los militares se sujetarían a él. Eso quedó atrás.

Las fuerzas de la oposición en el Congreso, las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y los organismos internacionales se sienten burlados y engañados por el presidente. Así es.

El presidente con su decisión de poner a un militar en activo a la cabeza de la Guardia Nacional se ve como un mentiroso y como un hombre que no es capaz de cumplir con la palabra empeñada.

La decisión es muy grave por lo que representa en sí misma, pero también porque muestra a un presidente en el que no se puede confiar. No hace honor a los compromisos contraídos.

El entregar la totalidad de la responsabilidad de la seguridad pública a los militares implica, más allá de los discursos, la militarización del país. Es más que evidente. El opositor López Obrador se había opuesto a eso.

La decisión del presidente abre el espacio para que crezca la violencia, ya la más alta en los último 25 años, y aumente la violación de los derechos humanos. Los militares actúan como militares. No son y nunca van a ser policías.

Las fuerzas de la oposición, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos deben recurrir, cada quien desde lo que le corresponde, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que declare inconstitucional a la Guardia Nacional Militar. Lo es.

Hay muchos elementos, para demostrar que la decisión del presidente viola el Artículo 21 de la Constitución y otras disposiciones legales de carácter nacional e internacional.

Los organismos internacionales y la ONU deben denunciar lo que ahora ocurre en México y presionar al gobierno de López Obrador para que dé marcha atrás. La posibilidad de abusos por parte de los militares está a la puerta.

La decisión del presidente plantea muchas preguntas: ¿Qué lo lleva a mentir, a engañar y a violar la Constitución? ¿Qué lo lleva a no cumplir con su palabra? ¿Qué lo lleva a militarizar al país?

¿Estamos en presencia de la reedición del viejo autoritarismo presidencial? ¿Regresamos a los años anteriores a la instauración de la democracia? ¿Qué papel tienen los militares en el proyecto político del presidente? ¿Hay después otro proyecto?

Twitter: @RubenAguilar