Con las nuevas reglas electorales, las arcas de la nación tendrán un ahorro de mil 750 millones de pesos en los comicios de 2009 y los partidos estarán obligados a hacer más transparente el manejo de sus recursos, destacó el diputado Gerardo Sosa Castelán.
Incluso, cualquier ciudadano podrá acceder a tabuladores de remuneración de los dirigentes y empleados, así como a los informes sobre los ingresos y gastos de las distintas fuerzas políticas, añadió en entrevista.
Esas nuevas obligaciones para las instituciones políticas en materia de transparencia no son menores, pues "dan continuidad a un largo proceso que inició con la presentación de los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos", enfatizó.
Si la reforma electoral no se hubiese aprobado, el IFE habría erogado más de dos mil 500 millones de pesos en el financiamiento para las campañas de 2009, señaló el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con las nuevas reglas, el Instituto Federal Electoral (IFE) erogará unos 750 millones de pesos por ese mismo concepto, resaltó.
Además, las autoridades electorales vigilarán que los aspirantes, candidatos y precandidatos no puedan recibir aportaciones o donativos de poderes, dependencias o entidades públicas, así como asociaciones religiosas y empresas, describió.
Las cuentas, los fondos o los fideicomisos abiertos por los partidos políticos para la inversión de recursos públicos no estarán protegidos por los secretos bancarios y fiduciarios, abundó el priista.
"Ahora el IFE podrá obtener información directa del sistema bancario nacional, a fin de conocer los montos de las cuentas que manejan los partidos políticos", sentenció el diputado del partido tricolor.
Sosa Castelán refirió que la Unidad de Fiscalización y la Contraloría General del órgano electoral tienen la obligación de velar por un empleo adecuado de los recursos otorgados a los partidos políticos.
La responsabilidad, comentó, incluye el dinero que utiliza el IFE para su operación ordinaria y agregó que otro aspecto relevante de la reforma electoral es la disposición que establece que toda persona tiene el derecho de acceder a la información de las fuerzas políticas.
