La reclusión de indígenas en Centros de Readaptación Social del Distrito Federal a causa de delitos federales, principalmente contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, disminuyó 26 por ciento en 2008-2009 con relación al periodo anterior,

Así lo informó la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de la República, luego de realizar una serie de visitas a varios centros de reclusión del Distrito Federal el 28, 29 y 30 de enero pasado.

Personal federal adscrito a esa Unidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, informó que a la fecha existen 23 indígenas internados en los reclusorios preventivos Varonil Norte, Varonil Oriente y Varonil Sur, así como en los Centros Femenil y Varonil de Readaptación Social "Santa Martha Acatitla".

Explicó que estas personas están recluidas por un delito federal, a diferencia de los 31 localizados en dichos centros de reclusión en el periodo 2007-2008, lo que ubica al Distrito Federal en el quinto lugar en incidencia delictiva relacionada con indígenas, antecedida por los estados de Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Nayarit, con importante presencia de miembros de pueblos autóctonos.

La población indígena se encuentra dispersa en todo el territorio nacional; sin embargo, en el Distrito Federal se observa que como resultado de la migración, un gran número de ellos es originario de los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca, y pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas náhuatl, otomí, purépecha y zapoteca.

Las visitas efectuadas por abogados de la Unidad de Asuntos Indígenas permitieron conocer a la población indígena sentenciada por la comisión de un delito federal, revisar sus casos y mantener actualizada la base de datos de esta dependencia de la PGR.

De la población entrevistada se conoció que se trata de indígenas involucrados en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, principalmente por pretender transportar estupefacientes de sus lugares de origen a otras regiones del país, además de portar armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército.

De los censos realizados se advirtió que los indígenas internos abandonaron sus comunidades por falta de oportunidades para obtener un ingreso digno y cubrir las necesidades básicas de sus familias. También se conoció que la población indígena femenina es menor a la masculina en un 35 por ciento.

Las visitas permitieron brindar atención y seguimiento a 23 indígenas sentenciados, de los cuales uno ha compurgado las tres quintas partes de la pena impuesta, y en otro asunto se pudo conocer que una mujer de 67 años de edad fue sentenciada a doce años de prisión por un delito contra la salud, pena que es incompatible con su edad.

En ambos casos, la Unidad Especializada realizará la gestión correspondiente de un beneficio de libertad anticipada ante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.