El fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales, Arely Gómez González, señaló que la participación ciudadana y la denuncia son elementos clave que hacen posible dar la batalla contra los ilícitos en materia electoral

Participar ya no sólo significa expresar legítimos reclamos y exigir derechos, sino también comprometerse con el logro del bienestar colectivo y estar dispuesto a colaborar para conseguir objetivos comunes con visión de corto, mediano y largo plazos, expresó la titular de FEPADE.

Al arrancar los trabajos del diplomado sobre Procuración e impartición de justicia penal electoral, que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gómez González expresó que la denuncia cobra doble relevancia en el caso de los delitos electorales y "no debemos olvidar que constituye un derecho irrenunciable y una obligación que debemos ejercer y cumplir".

Tras reiterar que sin la denuncia es imposible realizar las labores de procuración de justicia penal electoral, la titular de FEPADE manifestó que la fiscalía a su cargo "ha diseñado y puesto en marcha instrumentos para facilitar no sólo el acceso a los servicios de orientación e información que proporcionamos, sino para la recepción de denuncias de ilícitos electorales".

Los delitos electorales, dijo a los alumnos del diplomado –entre ellos licenciados en derecho egresados de diversas instituciones educativas, servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y local e interesados en la materia–, son conductas que deben evitarse a toda costa, pues lesionan las bases del desarrollo democrático nacional; de ahí la importancia del trabajo de investigación y persecución que realiza el Ministerio Público, representante del interés social.

Precisó asimismo que el propósito final de un sistema de procuración de justicia es constituirse en un impulsor del desarrollo integral de toda nación, en un contexto de paz y armonía social. Su objetivo es, pues, que la última ratio se ejerza siempre con pleno respeto al estado de Derecho.

Para ello, sentenció, se requiere que el Estado, desde la actuación decidida y firme de sus instituciones, garantice la observancia de las leyes y establezca la certeza de que quienes las violenten, serán castigados, sin excepción.

Sobre la función electoral, explicó que se rige por cinco principios rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; principios que deben ser respetados en toda acción de las autoridades a quienes, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deban intervenir en la aplicación de las leyes que atienden a la regulación y aseguramiento de aquella función.

Al referirse al próximo proceso electoral, la titular de la FEPADE comentó que bajo la lógica de una contienda equitativa, transparente y cuyos resultados reflejen la voluntad popular, la legislación penal electoral vigente castiga a todo aquel que pretenda alterar la naturaleza de nuestra democracia.

"Los delitos electorales son, en suma, conductas que lesionan las bases del desarrollo democrático nacional y por lo tanto, deben evitarse a toda costa. Por ello es necesario su inclusión dentro de una de las áreas más delicadas del Derecho, que es el ámbito penal, dijo.

Finalmente, concluyó que los posibles sujetos activos de la comisión ilícita, en distintos momentos del proceso electoral, pueden vulnerar los valores y principios de la democracia, tales como la soberanía popular, la igualdad política, la tolerancia, la competencia regulada, la libertad en el ejercicio del voto, la participación ciudadana y, producto de todo lo anterior, la paz social. Incluso en el caso de la alteración de las credenciales de elector, por ejemplo, existe la posibilidad de hacer un daño importante a toda la estructura legal del país, abriendo espacios a otros crímenes como fraudes o tráfico de personas.