La Procuraduría General de la República (PGR) difundió los aspectos principales de una resolución adoptada por la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentada por México la semana que concluyó.

El documento, denominado "Fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero derivado del tráfico de drogas y los delitos conexos" , fue presentado en el 52 periodo ordinario de sesiones de la Comisión, celebrado en Viena, Austria.

La propuesta mexicana aprobada por los Estados miembros fue presentada por el procurador Eduardo Medina-Mora, quien destacó la necesidad de que los países adopten criterios jurídicos similares para perseguir delitos financieros derivados del narcotráfico.

La resolución exhorta a los Estados miembros a complementar las medidas nacionales e internacionales contra el "lavado" de dinero vinculado con el tráfico de drogas ilícito.

Específicamente establece la necesidad de adoptar la llamada extinción de dominio, es decir, la pérdida de derechos patrimoniales para personas físicas o morales en favor del Estado, cuando se determine jurídicamente la procedencia ilegal de los bienes.

De la misma forma, la resolución insta a todos los países miembros a establecer la recuperación de activos, es decir, la devolución al país de origen, de los bienes producto de los actos de corrupción transferidos a otras naciones.

Otra de las partes importantes de la resolución es que se invita a los Estados integrantes a establecer una legislación financiera para que en casos de "lavado" de dinero, el secreto bancario no obstaculice el intercambio de información internacional.

La iniciativa de México se caracteriza por ser la primera que aborda todos los aspectos del lavado de dinero ligado al narcotráfico en un sólo instrumento, lo que facilita los procedimientos para efectuar la investigación, y en su caso la persecución.