La Cámara de Diputados abrió el lunes sus puertas a expertos, académicos y funcionarios para iniciar un foro de análisis sobre la regularización e incluso legalización de la marihuana, un debate inédito en momentos que el gobierno enfrenta una batalla contra violentos cárteles de la droga.
A lo largo de tres días serán discutidos aspectos legales, médicos, económicos, de seguridad pública y políticos alrededor de la marihuana, y en principio el gobierno federal consideró que su legalización no significa una solución al problema del narcotráfico.
"Está claro que una regulación totalmente prohibitiva no ha sido la solución a todos los males; igualmente ilusorio sería pensar que la legalización completa de la cannabis sería la panacea", dijo la comisionada para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Blanca Heredia.
Aseguró que cualquier solución nueva implica riesgos y problemas, por lo que es necesario tomar una decisión a partir del análisis del impacto en el mercado de las drogas y en la industria del crimen organizado.
"Aún en el supuesto de que la legalización (de la marihuana) en México permitiese eliminar o revertir sensiblemente la rentabilidad de esa línea particular de negocio... resulta difícil imaginar que ello hiciera posible terminar con los muchos otros componentes de los cárteles criminales, tales como tráfico de armas, lavado de dinero, la trata de personas, el secuestro, entre otros", dijo.
Heredia dijo que la más reciente encuesta sobre adicciones indicó que entre 2002 y 2008 el número de personas que probó alguna droga pasó de 3,5 a 4,5 millones; la cantidad de adictos se elevó de 307.000 a 465.000, mientras que el porcentaje de gente que consumió marihuana se incrementó de 1,1% a 3,3% en mujeres y de 4,5% a 8,3% en hombres.
La violencia del narcotráfico y el crimen organizado se ha traducido desde el inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, en más de 10.500 asesinatos. Un informe divulgado la víspera señaló que en el primer trimestre de 2009 hubo una reducción de 26% en los crímenes.
