El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso que se otorguen estímulos fiscales a quienes contraten adultos mayores en su planta laboral, a fin de abatir el creciente desempleo en ese sector.

En entrevista, el secretario de Comunicación Social del organismo político, Jesús Sesma Suárez, indicó que a pesar de estar en posibilidades de trabajar, por lo menos 70 por ciento de la población de 60 años o más está desempleada.

Señaló que en México uno de cada dos adultos mayores se encuentra en condiciones de pobreza y existen pocas oportunidades de empleo para ellos.

Por ello, argumentó, es necesario que ante la situación económica que atraviesa el país y las escasas oportunidades de trabajo para los adultos mayores se den estímulos fiscales a quienes los contraten en su planta laboral.

Subrayó que la propuesta de su partido pretende instrumentar una política de Estado para el empleo del adulto mayor, incorporándolo en el proceso de desarrollo del país y utilizando su productividad en beneficio tanto de ellos como de la sociedad.

El vocero ecologista refirió que de acuerdo con la Comisión Nacional de Población el envejecimiento demográfico en México ocurre en un contexto de altos niveles de pobreza.

Asimismo de profunda desigualdad en la distribución del ingreso e insuficiencias en la creación de empleo que alimentan la informalidad y la precariedad laboral.

De continuar con esa tendencia, advirtió, habrá una población envejecida, sin ingreso pero con capacidad de desempeñar un trabajo, lo que derivará en el crecimiento de la miseria.

De acuerdo con Sesma Suárez más de 75 por ciento de los adultos mayores que trabaja reciben una remuneración menor a dos salarios mínimos, mientras que para las mujeres ese porcentaje alcanza 83 por ciento.

Aseveró que aun cuando existe el Programa de Empleo para Adultos Mayores, éste por sí mismo no resuelve el problema, por lo que es necesario impulsar, como hacen otras naciones, acciones orientadas a revalorar el trabajo y la experiencia que aporta ese sector.

El PVEM propone que el patrón que contrate adultos mayores o personas con discapacidad motriz, mental, auditiva o de lenguaje, o bien invidentes, pueda deducir de sus ingresos un monto equivalente al ciento por ciento del ISR de esos trabajadores.