La diputada federal Rocío Reza Gallegos, externó, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, su apoyo para que el Gobierno Federal fomente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de buscar a menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas, además de permitirles colaborar con las investigaciones de las autoridades y apoyar a las víctimas indirectas.

Lo anterior, señaló Reza Gallegos, ya que organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, han dado cuenta de las graves deficiencias institucionales con las que cuenta México para hacer frente a la problemática de las desapariciones.

Asimismo, por el alto índice de personas desaparecidas que hasta el 2013 suman 18 mil 955, según cifras de la base de datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desparecidas, se hace necesario el apoyo a dichas organizaciones.

La Legisladora por Chihuahua resaltó el papel determinante que juega la sociedad en la resolución de esta problemática: "La participación ciudadana es invaluable, y, por ende debe ser auxiliada y reconocida, sobre todo porque quienes conforman las agrupaciones que buscan a los extraviados sacrifican su patrimonio y, en muchas ocasiones, quedan en alta vulnerabilidad para recuperar a sus seres queridos".

Agregó que cuando la sociedad se dé cuenta del poder real que tiene, las cosas en el país serás distintas porque la ciudadanía organizada podrá exigir una actuación contundente por parte de los gobiernos "es la sociedad quien puede redireccionar cuando los gobiernos se exceden o desatienden su propia función".

Dicha propuesta forma parte del dictamen que elaboró la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, de la cual la Diputada es integrante y que propone la adición de una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Cabe señalar que el dictamen fue fundamentado por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista José Guillermo Anaya Llamas, quien reiteró el compromiso que tiene el órgano legislativo con la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos.

Finalmente la modificación a la referida ley fue aprobada por unanimidad del Pleno de la Cámara de Diputados y remitida al Senado de la República para sus efectos constitucionales.