Ese plan significa un proyecto de inversión a largo plazo para que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento acuerde con un particular el manejo de esas plantas, que representa un gasto de 930 millones de pesos a 10 años.
La diputada priista enfatizó que pretenden echar abajo ese esquema mediante acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El argumento principal es que se violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir los artículos 1 y 4, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como la Ley de Aguas del Estado y la Ley de Inversión Pública de Chihuahua.

"Dentro de esta controversia constitucional se detallarán los artículos que fueron violentados al aprobar que por medio de particulares se pudiera acceder a endeudar al organismo, cuando el Estado está sujeto a garantizar el acceso a este recurso; claro que existe el mecanismo para echar para abajo este decreto y lo propondremos en este tenor", concretó la diputada priista.

Detalló que la JMAS de Chihuahua, no cuenta con la autorización correspondiente para poder celebrar un contrato de dicha magnitud dado a que en la ley se establece que, el subministro, la aplicación, entre otros, tiene que estar a cargo de los niveles de gobierno y no de particulares que busquen lucrar al prestar los servicios mencionados.

Puntualizó al detallar que ya hay precedentes dentro de la SCJN, en la que se han dado "revés" a decretos emitidos por Poder Legislativo y en los que se violenta el principio de democracia, de representación a favor de los ciudadanos, por lo que se puede proceder.