Carlos Borruel Baquera, director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), aseguró que la construcción de 62 viviendas en Hidalgo del Parral, que serán entregadas a igual número de familias de escasos recursos económicos en el mes de agosto, lleva un avance del 30%.
El funcionario estatal indicó que a pesar de la contingencia sanitaria mundial, por el COVID-19, no se han suspendido las obras, sin embargo, dijo, sí se han tomado todas las medidas preventivas necesarias, para la protección de quienes trabajan en este proyecto.
Con estas casas térmicas se beneficiará a quienes afrontan situaciones sociales especiales como discapacidad, enfermedades terminales y a grupos vulnerables.
¨Hoy más que nunca confirmamos lo que significa una casa; representa un hogar, un centro de seguridad, el lugar de bienestar y de resguardo para las y los beneficiados y sus familias", señaló Borruel Baquera.
"En la Coesvi se está dando prioridad a que cada chihuahuense cuente con una vivienda digna, con elementos que le representen economía, como en el caso del Fraccionamiento Aranjuez en Parral, que sigue avanzando, y pronto estaremos en posición de entregar su hogar a decenas de familias", dijo el funcionario estatal.
Destacó que este fraccionamiento es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Municipio de Parral y el Gobierno Estatal, por medio de la Comisión Estatal de vivienda.
La instrucción del Gobernador es atender a quienes menos tienen, por ello, como en el caso de la unidad habitacional "La Fortuna", ubicada también en Parral, en donde se edificaron 196 viviendas, la mayoría para madres solteras, personas con alguna discapacidad y familias en condiciones de extrema pobreza.
Al hacer referencia a la calidad de la construcción con material 100 por ciento térmico, detalló que esto permitirá además, cuidar el medio ambiente y favorecerá la reducción en el costo y consumo de agua, luz y gas para que puedan mantener sus hogares a una temperatura adecuada.
Con estas acciones se refuerza el compromiso de garantizar el derecho a contar con una vivienda digna, como prioridad para el desarrollo de las y los ciudadanos y sus familias.