El Congreso del Estado, reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo relativo a la competencia de las dependencias en materia de colaboración entre las instancias presentes en los Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, reveló que el 88.4 por ciento de las mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, no solicitó apoyo a alguna institución, ni presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad; y si la violencia se manifestó en el ámbito escolar, laboral, comunitario o familiar, el porcentaje de no denuncia supera el 90 por ciento, señaló la diputada Georgina Bujanda Ríos, en representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.
Agregó que por lo anterior, es la necesidad de obligar a las diversas secretarías de Estado a coordinarse con los Centros de Justicia para las Mujeres, ya que estos pudieran atender a personas que han sido víctimas de delitos como violación, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual, privación de la libertad personal, retención y sustracción de personas menores de edad, incumplimiento de la obligación alimentaria, discriminación por razones de género, violencia familiar, homicidio, feminicidio, desaparición de mujeres y trata de personas, entre otros.
En general, lo que se pretende es que la Secretaría General de Gobierno ejerza funciones de control, vigilancia, supervisión y seguimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y presida su Consejo Consultivo; y las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación y Deporte de Gobierno del Estado, colaboren con los Centros de Justicia para las Mujeres desde su ámbito competencial, enfatizó la Legisladora.
Por lo antes señalado, fueron reformados los artículos 25, fracciones XXVI y XXVII; 27, fracciones XIV y XV; 27 bis, fracciones XXII y XXIII; 29, fracciones XVII y XVIII; y se adicionó a los artículos 25, la fracción XXVIII; 27, la fracción XVI; 27 bis, la fracción XXIV; y 29, con la fracción XIX; todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Por último, es importante resaltar que, Bujanda Ríos enfatizó que con las adecuaciones realizadas, se fortalecerá el sistema normativo vigente en materia de protección y prevención de la violencia en contra de las mujeres, en su vertiente de fortalecimiento institucional, a través de la coordinación intersecretarial gubernamental.