El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó este martes, por unanimidad, reformas a la Ley Estatal de Educación y a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar, con el objetivo de establecer un marco legal que proteja tanto a los docentes como a los estudiantes frente a situaciones de violencia escolar, acoso sexual y maltrato. La sesión, encabezada por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, marcó un hito en la construcción de un sistema educativo más seguro y con mayor certeza jurídica para la comunidad magisterial.

Durante la sesión, Avitia Arellanes destacó la urgencia de proteger a los docentes de acusaciones infundadas y linchamientos mediáticos, fenómenos que, según señaló, han afectado la salud mental y la estabilidad laboral de los maestros en Chihuahua y otros estados del país. "No puede ser que en el magisterio, el maestro sea culpable hasta que no se demuestre lo contrario", afirmó el legislador, al subrayar que la reforma busca garantizar un proceso justo y transparente en la atención de casos de violencia en las escuelas.

El corazón de la reforma es la implementación de un Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, el cual establece mecanismos claros para la prevención, detección y actuación ante situaciones de riesgo. Este protocolo, que será aplicado en todos los niveles de educación básica, incluye la capacitación obligatoria y presencial para los docentes, la cual se realizará por zona escolar y deberá ser avalada mediante un acta que acredite su cumplimiento. Además, se contempla la participación activa de las organizaciones sindicales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su aplicación, asegurando que las voces de los trabajadores de la educación sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

Manuel Quiroz, representante de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y Alejandro Zendejas, de la Sección 8, coincidieron en que la percepción generalizada de violencia en el entorno escolar ha mermado la salud mental de los docentes, afectando su desempeño y la calidad educativa. Ambos líderes magisteriales celebraron la aprobación de la reforma, ya que, según explicaron, proporcionará herramientas concretas para actuar ante casos de violencia, evitando interpretaciones arbitrarias o la falta de información que, en el pasado, dejó en vulnerabilidad a maestras y maestros.

El protocolo también establece que, en casos de violencia escolar, acoso sexual o maltrato, se actuará con base en procedimientos claros y en coordinación con las autoridades competentes, garantizando así la protección de los derechos de todos los involucrados. Se hizo especial énfasis en la necesidad de sensibilizar a la comunidad educativa —docentes, directivos, padres de familia y estudiantes— sobre sus responsabilidades y las acciones inmediatas a seguir ante situaciones de riesgo.