A partir del próximo ciclo escolar las secundarias de Sonora estarán facultadas para realizar exámenes antidrogas a sus estudiantes, de acuerdo con una ley aprobada por el Congreso local.

Defensores de los derechos humanos, especialistas, padres de familia y líderes magisteriales criticaron la legislación y advirtieron que su aplicación puede criminalizar a los alumnos, violar sus garantías, elevar la deserción escolar, además de estigmatizarlos.

Coincidieron en la necesidad de impulsar programas preventivos.

La diputada panista Irma Romo Salazar, impulsora de la ley, explicó que las pruebas antidopaje se aplicarán de manera aleatoria por la Secretaría de Salud del estado.

"Los resultados sólo serán conocidos por el padre, el alumno y el encargado del programa escolar, y de dar resultado positivo en el consumo, el menor recibirá el tratamiento adecuado para su rehabilitación", añadió.

Dijo que los padres de familia tendrán el derecho a decidir si exceptúan a sus hijos de la aplicación de la prueba.

Al respecto, la coordinadora del Programa de la Mujer, la Niñez y la Familia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Victoria Adato Green, advirtió que debe haber una autorización firmada por los padres o tutores y por los propios estudiantes. "De lo contrario, se estarían violando sus derechos humanos", expresó.

Calificó de "extrema" la medida que pretende desalentar el consumo de drogas en la entidad, fenómeno que aumentó 50% en los últimos seis años.

Para la Secretaría de Educación Pública el riesgo sería la criminalización de los jóvenes que den positivo en el uso de cualquier tipo de droga. Desde su perspectiva, los adolescentes son víctimas de su entorno, que "pretende hacerlos esclavos de una cultura de la muerte".

Destacó que "debe salvaguardarse de principio a fin la identidad de los estudiantes".

La dependencia expresó su "respeto irrestricto a las decisiones que tome cada comunidad escolar y cada entidad federativa".

La directora del Centro de Integración Juvenil de Sonora, Rosa María Ortiz, señaló que la medida puede generar deserción escolar en lugar de la rehabilitación de los adolescentes adictos.

La especialista mencionó que lo más preocupante es que la ley vaya a ser tomada como instrumento de persecución o presión.

La Asociación Estatal de Padres de Familia criticó que no haya sido invitada a analizar la ley. El presidente del organismo, Noé Delgado Molina, rechazó la norma "porque dará un trato de delincuentes a estudiantes". A su vez, la sección 54 del sindicato magisterial consideró que la ley no tiene razón de ser.