Una vez que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen por el que se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de combatir la impunidad, el Coordinador del Grupo de Legisladores del PRI por Chihuahua, Pedro Ignacio Domínguez, consideró que este instrumento contiene en su esencia la experiencia de este Estado, acumulada durante 10 años, para lograr llevar a los responsables de ilícitos ante la justicia en forma pronta y expedita.
El Diputado Federal destacó la importancia de este instrumento para que las audiencias penales puedan ser presenciadas tanto por las partes como por el público en general, transparentado así la impartición de justicia.
Pedro Ignacio Domínguez explicó que de acuerdo con esta nueva legislación nacional se prevé que los registros de las acusaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio y video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción, lo cual garantizará la transparencia del procedimiento.
Esta reforma estará enfocada hacia el sistema penal chihuahuense porque prevé evitar los reiterados actos de corrupción que se presenten en cualquier etapa del proceso procesal.
El también Integrante de la Comisión de Seguridad Pública consideró que por lo anterior se podrán declarar nulas todas las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales; reglamentar los actos de investigación, como cateos, intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información, órdenes de aprehensión, detenciones y toma de muestras sin el consentimiento del imputado.
Además, con base en la nueva legislación nacional, se procederá con el registro de la investigación, encubrimiento de la investigación, inspecciones corporales, entrevistas a testigos e imputado e identificación de sospechosos, así como incorporar mecanismos alternativos de resolución de controversia, como la mediación o la conciliación, precisó Pedro Ignacio Domínguez.
Cabe mencionar que con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Congreso de la Unión cumple con lo establecido en la reforma constitucional de 2008, donde se dio un plazo de ocho años para transitar a un nuevo modelo de justicia.
La entrada en vigor de este nuevo instrumento será gradual en toda la República Mexicana, teniendo como fecha límite hasta el 2016 para concluir la unificación. Por lo pronto, el pasado martes se cumplió con la declaratoria de publicidad del mismo.
