La ineficiencia en el gasto de los gobiernos de América Latina y el Caribe genera una pérdida de 220,000 millones de dólares al año, que equivalen al 4.4% del PIB regional, según el Banco Interamericano de Desarrollo (PIB).

Y añade que "esa cifra, bien invertida, sería suficiente para acabar con la pobreza extrema en la región". Esto necesariamente pasa, dice el BID, porque los gobiernos vean como "crucial" elevar la eficiencia en el gasto público.

El BID identifica tres fuentes de ineficiencia, que en mayor o menor grado, están en los países de la región:
Compras públicas. Licitaciones mal planteadas, corrupción y mala selección de proyectos de inversión. El ahorro podría ser del 1.5 % del PIB regional.
Transferencia monetaria a los ciudadanos. En muchas ocasiones los receptores no son los que más lo necesitan y esto fomenta la desigualdad social. En este rubro se pierde el 1.7% del PIB regional.
Sueldos de los funcionarios. Representan el 29% del presupuesto público total de la región. En los países de la OCDE es del 24%. Esto a pesar de que los salarios públicos están 25% abajo de los que se pagan en el sector privado.
En las tres últimas décadas los gobiernos de la región han optado por incrementar el gasto corriente (gasto social y sueldos) en detrimento de la inversión que es uno de los principales determinantes del crecimiento de los países y también del aumento de la calidad en la vida de la población.

La política general en la región ha sido que en las épocas buenas crece el gasto corriente, en particular en programas sociales, y en las malas se reduce la inversión pública. Esto necesariamente afecta el crecimiento porque la inversión pública es un factor determinante que jala a la inversión privada que es, a su vez, el principal motor del crecimiento económico de los países.

El efecto multiplicador de la inversión pública en el crecimiento de la economía es mucho mayor que la que tiene el gasto corriente. Y a pesar de eso los gobiernos, por razones políticas, eligen la opción equivocada y así ellos mismos frenan el desarrollo de sus países.

En las economías más desarrolladas la política económica funciona al revés. Se privilegia la inversión sobre el gasto corriente. En las últimas tres décadas la política que se ha seguido en América Latina y el Caribe es la de recortar el monto de la inversión como porcentaje del PIB.

El BID plantea que la forma en que el gasto público sea más eficiente pasa necesariamente por destinar más recursos a la creación de infraestructura. En los años ochenta era 10% más alto que ahora. Es un tipo de gasto que complementa la inversión privada.

En la medida que la ciudadanía tenga acceso a más servicios públicos (transporte, comunicaciones …) y a mejores servicios de educación, salud y también mayor seguridad eso va a permitir tener mejores resultados en PISA, elevar la esperanza de vida y reducir los índices de inseguridad.

El nuevo gobierno debería analizar con cuidado el documento del BID, de más de 400 páginas, donde analiza el gasto de los países de la región y hace propuestas de cómo se puede mejorar siguiendo la experiencia exitosa de las economías que mejor lo hacen en el mundo.

Twitter: @RubenAguilar