Las adjudicaciones directas están siempre asociadas a opacidad y corrupción. Un elemento central de la política pública, para hacer frente a estos vicios son las licitaciones abiertas y transparentes.

En un trabajo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), firmado por Leonardo Núñez, se hace un análisis de la política de adjudicaciones directas del gobierno del presidente López Obrador.

Para tener un comparativo con la actual administración señala que en el primer y segundo año del gobierno del presidente Peña Nieto las adjudicaciones directas fueron del 63.7 % y el 62.2% y en los dos últimos del 77.79 % y del 76.23 %.

En el primer año del gobierno del presidente López Obrador el 78.1 % de los contratos se dieron por adjudicación directa, para convertirse en el año más alto en la historia reciente del país.

Las cifras de los primeros cinco meses de 2020 apuntan a que ese récord puede ser superado, ya que hasta este momento el 78.2% de los contratos se han entregado por adjudicación directa.

Esto a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno se estableció que las adjudicaciones directas debían eliminarse. No ha sido así y han crecido.

Todos los presidentes, sin importar de que partido son, han recurrido a los contratos por asignaciones directas, pero el actual que anunció, una y otra vez, que las cosas serían diferentes, los ha superado.

En algunas áreas de la administración, por razones diversas, el uso de las adjudicaciones directas es todavía mayor al promedio. Las diez primeras son: INBA (99.5 %); Secretaría de Cultura (98.9 %); Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (98.9 %); Diconsa (98.7 %); Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (98.2 %); Canal 11 (98.2 %); Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (97.3 %); Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN (97.33 %); Secretaría de la Función Pública (96.5 %) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (95.7 %). A estas dependencias hay que añadir Fonatur, la responsable del Tren Maya, que ha dado el 92 % de los contratos en adjudicación directa.

Todo indica que año con año el actual gobierno va a superar su récord de asignaciones directas. Su manera de actuar en los primeros 17 meses de gobierno, así lo señala. Con lo que esto tiene de opacidad y posibles actos de corrupción. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta institucional porque las asignaciones directas son decisión del titular de las distintas dependencias o directamente de Palacio Nacional. El mecanismo impide conocer los criterios de selección de las empresas que se contrata. ¿Es la mejor oferta? ¿Son allegados al gobierno? ¿Son amigos del presidente? Puede ser cualquier cosa. En todo caso se actúa en sentido contrario a la ética pública y lo que se había prometido.