Con la frase de una niña de 12 años — "estamos aquí por la guerra" — la Misión Civil de Observación (MCO) presentó este viernes sus hallazgos preliminares en el Salón de Legisladores del Congreso del Estado de Chihuahua, al concluir cuatro días de recorridos en Parral, Delicias y la capital del estado, donde se encuentran asentadas familias desplazadas por la violencia en la Sierra Tarahumara y en municipios de Durango y Sinaloa.

La misión, que arrancó el martes 26 de mayo, está integrada por 22 personas de ocho organizaciones locales, nacionales e internacionales. Entre las locales participan el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEM), la Alianza Sierra Madre, la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC) y Nuevo Amanecer. A nivel nacional e internacional se sumaron la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Serapaz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, las Brigadas Internacionales de Paz y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Mariana Villarreal Frías, responsable del Fondo de Emergencia de la Red TDT, señaló que las aproximadamente 200 personas entrevistadas durante los recorridos provienen de comunidades de la sierra de Chihuahua, de municipios de Sinaloa y de localidades del municipio de Tamazula, Durango que no tienen conexión con su propia cabecera municipal. Advirtió que a la violencia armada se suma una guerra política entre el gobierno estatal y el federal cuyas víctimas son precisamente las familias desplazadas, que han quedado atrapadas en medio de esa disputa sin que ninguna de las dos partes asuma responsabilidad real. También identificó un grupo numeroso de desplazados en Cuauhtémoc — procedentes de Uruachi y Moris, con casi un año de permanecer sin atención formal — al que la misión no alcanzó a visitar por falta de tiempo.