Ginebra, Suiza.- La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se sumó hoy a la condena del Gobierno de México sobre el uso desproporcionado de la fuerza que ejerce en los últimos meses la Patrulla Fronteriza estadunidense.
"Sé que la ministra mexicana de Asuntos Exteriores (Patricia Espinosa) ha condenado enérgicamente los tiroteos y ha manifestado que el uso desproporcionado de la fuerza letal durante las acciones de control de la emigración es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Estoy de acuerdo con esta declaración", dijo Pillay.
La máxima responsable de Naciones Unidas para los derechos humanos compareció ante la prensa en Ginebra para repasar la situación de los derechos fundamentales en el mundo y expresó su preocupación por la recurrencia del problema sobre el excesivo uso de la fuerza gubernamental en numerosos países.
"Urjo a las autoridades en todas partes a que garanticen que la policía, las patrullas fronterizas y otros miembros de las fuerzas de seguridad estén preparados conforme a los estándares internacionales, tanto en el control de masas como en otras situaciones complejas como la vigilancia de fronteras", dijo.
En las fronteras internacionales, denunció la Alta Comisionada, "con demasiada frecuencia los individuos, incluidos los emigrantes, son asesinados, heridos o tratados inhumana e ilegalmente".
Preguntada por la situación en la frontera entre México y EU, dijo que "lo que está pasando (...) me preocupa. Hay mucha, demasiada, gente joven y adolescentes que han resultado muertos en la frontera" por la aplicación violenta de las leyes de inmigración.
Pillay urgió a los Gobiernos de ambos países a que "redoblen sus esfuerzos para que investiguen con prestancia y transparencia estos incidentes".
"Animo al Gobierno estadounidense a cooperar con las autoridades mexicanas en su esfuerzo para investigar estas alegaciones. Creo realmente en un acceso eficaz a la justicia y en la reparación judicial para las víctimas y sus familias", agregó la Alta Comisionada, que se comprometió a seguir este asunto "de cerca".
Pillay recordó que los estándares internacionales establecen que los funcionarios del Estado "deben, en la medida de lo posible, aplicar remedios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y las armas fuego".
"Pueden utilizar la fuerza y las armas de fuego solo si otros medios resultan ineficaces o sin probabilidades de lograr el resultado buscado", explicó.