Con la finalidad de lograr mejores resultados en las acciones y programas de gobierno destinados a combatir y erradicar el trabajo infantil en la Entidad y el País, el Diputado Jesús José Díaz Monárrez a través de una iniciativa, solicitó a las Secretarías Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y Estatal, la suma de esfuerzos para eliminar dicha práctica.

La propuesta, convoca la participación de las autoridades municipales, así como la incorporación del sector social y privado, de tal manera que permita el logro de mejores resultados en las acciones y programas de gobierno destinados a combatir y erradicar el trabajo infantil.

La iniciativa se sustenta en base a que México al haber suscrito y ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y demás instrumentos internacionales aplicables en esta temática, adquirió el compromiso de implementar una serie de medidas apropiadas para garantizar el ejercicio de los derechos contemplados en el marco jurídico internacional.

Ahora bien, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco conmemorativo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el pasado 12 de junio, presentó ante el Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional al art. 123 de nuestra Carta Magna, en la cual se propone a elevar la edad mínima para trabajar, al aumentar de 14 a 15 años la edad mínima de ingreso al empleo, en concordancia con lo establecido sobre el particular, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De dicha propuesta, se desprende que de acuerdo al Módulo de Trabajo Infantil 2011, elaborado por INEGI, en México existen 3.1 millones de niños que trabajan, los cuales provienen principalmente de hogares de bajos ingresos y son hijos de padres con baja escolaridad, estadística que coloca a nuestro a país, en la posición número 56 de 197 países con mayor incidencia de trabajo infantil.

Cabe destacar que de ese universo que representan los 3.1 millones de niños que laboran, casi el 40% no asisten a la escuela, lo cual agrava aún más la problemática que nos aqueja como país.

La importancia de la iniciativa recae en que los menores trabajan en las calles, establecimientos informales y en lugares públicos, pero también en tiendas departamentales, de autoservicio o supermercados y grandes cadenas comerciales, ya sea como empacadores o "cerillos" o como repartidores de publicidad entre otras formas de trabajo.

De lo anterior se desprende que la utilización de niños y adolescentes bajo la incorporación al trabajo en condiciones desventajosas para ellos se lleva a cabo, en el caso de los cerillitos o empacadores, bajo la justificación que no se dan los elementos para considerarla relación de trabajo, al no existir el pago o salario proveniente de la empresa, por lo cual no gozan de prestaciones; sin embargo, se les trata muchas de las ocasiones como si lo fueran, inclusive se les imponen obligaciones y deberes distintos, como el caso de tener que comprar su ropa de trabajo o uniforme que se les exige, muchas de la ocasiones para los efectos de una mejor presentación en pro de la imagen de la empresa.

Lo anterior se traduce en conductas reprobables y aplica para el caso de las empresas y centros de trabajo, que lejos de apegarse y contribuir a que se cumpla con el propósito y con el fin noble y positivo de responsabilidad y compromiso social que debe prevalecer con la incorporación de un menor para la realización de tareas que le representan un beneficio para su desarrollo en los términos que marca la OIT, al contrario se desvía, se pervierte y se tergiversa el propósito que lo guía y le da sustento.

Por todo lo antes expresado es que se emita la propuesta de buscar en las Secretarías Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y Estatal, la suma de esfuerzos para eliminar dicha práctica.