La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones al gobernador del Estado de Chihuahua César Duarte, diputados locales, regidores del ayuntamiento de Chihuahua de la administración 2010-2013 y al ex presidente municipal Marco Adán Quezada Martínez, a propósito de la investigación que de oficio sigue la instancia derechohumanista por los agravios, lesiones y la muerte de 9 personas en el Extremo Aeroshow 2013 en octubre pasado.

Cabe resaltar que la CNDH logró documentarse de forma un tanto "parcial", ya que algunos documentos oficiales proporcionados por el ayuntamiento de la capital del estado, carecen de fecha o número de folio como el contrato de prestación de servicios firmado entre el municipio y la Asociación Espectáculos Extremos.

Dicha Asociación está integrada por Luis Felipe Valdez Cavazos, representante de la misma, por el presidente, Jorge Luis Cuesta Manjarrez; secretario, Mario Gerardo Dueñas Barrios; tesorero, Xavier Chaires Duarte y vocal Humberto Santiago Martens.

Así mismo destaca que el organismo autónomo obtuvo un documento en el que el prestador del servicio solicitó a Protección Civil Municipal su aprobación en materia de seguridad para realizar dicho evento y además otro emitido por el H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil municipal en el que quedó asentado que en el lugar se contaba con todas las medidas de seguridad para los espectadores y asistentes al Extremo Aeroshow (Oficio SDBPC/1643/2013 fechado el 27 de septiembre de 2013).

Obra en poder de la CNDH además, un oficio sin número con fecha del 22 de octubre en el que el coordinador operativo de la Unidad de Protección Civil (no define si estatal o municipal, aparentemente se trata de éste último) afirma desconocer los aspectos de la organización del Extremo Aeroshow 2013.

La recomendación apunta en el apartado IV de las Observaciones en su numeral 23, que cuenta con evidencia suficiente que señala a las autoridades –Estatales, legislativas y municipales– como responsables de haber vulnerado los derechos humanos por acciones y omisiones que detalló a lo largo de dicho documento que consta de 23 páginas.

No obstante que el documento carece de valor vinculatorio judicial o procesal, podría constituirse como una guía para el ministerio público responsable del caso penal, así como en un manual para los legisladores y regidores quienes en reiteradas ocasiones abordan el tema, algunas de las veces, sin conocimiento.

Entre los hechos que consigna la CNDH y de los cuales las autoridades en Chihuahua no han sabido o no han querido tomar debida nota, es que, textualmente reza la recomendación "Las figuras de licitación pública, licitación restringida y adjudicación restringida que regula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Obra Pública del estado de Chihuahua, tienen como finalidad asegurar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y las mejores condiciones para el Estado, sin embargo, en el caso que nos ocupa la autoridad otorgó los recursos económicos que ascendieron a $17,130,471.00 sin aplicar alguna de las figuras jurídicas señaladas, no obstante que estaba obligada al tratarse de una contratación que fue celebrada con cargo al presupuesto de egresos".

Por otra parte, tanto al mandatario estatal y a los integrantes de la actual legislatura la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en lo particular y para cada uno, una recomendación:

"A usted, señor gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua:

ÚNICA. Gire las instrucciones que correspondan para que el fiscal que conoce de la causa penal 1, pueda tomar en cuenta las observaciones señaladas en la presente recomendación y considere la pertinencia de vincular a proceso a la totalidad de servidores públicos que participaron en los hechos y que incurrieron en omisiones e irregularidades probablemente constitutivas de delito, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

A ustedes, señores integrantes de la LXIV Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua:

ÚNICA. Se colabore ampliamente con este organismo nacional, para que en atención a las observaciones de la presente recomendación de las cuales se desprenden irregularidades tanto en lo referente a las medidas de protección civil y seguridad, como al manejo de recursos públicos, se lleve a cabo la investigación correspondiente en términos de su competencia legal, a efecto de instaurar los procedimientos correspondientes a los servidores públicos que participaron en los hechos, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento".

En cuanto a las recomendaciones para el ayuntamiento de Chihuahua, la CNDH emitió siete en las que básicamente sugiere la reparación del daño, indemnización, atención médica y psicológica a los afectados y hacerle saber a la Comisión el cumplimiento de estas observaciones, así como la impartición de diferentes cursos al personal del municipio en materia de protección civil y derechos humanos.